Festival de Irregularidades

Uno de los principales ejes del informe se centra en el uso desmedido del Decreto 433/16, un recurso pensado para situaciones excepcionales que exige celeridad en la gestión pública. Sin embargo, este mecanismo fue utilizado de manera indiscriminada. En el caso del BAFICI, el 73% de las contrataciones se realizaron bajo esta normativa, un porcentaje alarmante que plantea serias dudas sobre la necesidad de aplicar un régimen de excepción. ¿La excusa? Una "agilidad administrativa" que, en la práctica, permitió saltarse las reglas y dejar de lado los procedimientos establecidos por la Ley No 2.095 que regula las compras y contrataciones ordinarias del Estado. Este abuso del decreto, destinado solo a casos extraordinarios, abre la puerta a sospechas sobre posibles manejos arbitrarios y falta de control en la administración de los fondos.

Otra de las irregularidades detectadas por la auditoría es la contratación de proveedores sin el más mínimo control. Ninguno de ellos estaban debidamente inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), requisito clave para asegurar la transparencia en los procesos de adquisición. Este incumplimiento siembra serias dudas sobre la claridad y legalidad de los acuerdos establecidos con los proveedores de servicios. Además, se constató la ausencia de dictámenes legales en la totalidad de las compras menores. Este vacío en el control jurídico se podría haber evitado si se hubiese cumplido con los procedimientos exigidos, subrayando la debilidad del control interno en la administración de los festivales.

El informe también señala que una cuarta parte de los convenios de colaboración del BAFICI fueron firmados después del inicio del festival, lo que sugiere una falta de previsión y planificación en la gestión del evento. La firma de contratos a destiempo no solo compromete la eficiencia en la organización, sino que genera una serie de riesgos administrativos que podrían haberse evitado con una mejor planificación. El Tango Buenos Aires Festival y Mundial de Baile tampoco se queda atrás en esta fiesta de irregularidades. Aunque el uso del Decreto 433/16 fue algo más moderado (20% de las adquisiciones), se repiten los mismos vicios. En un caso particular, ni siquiera se tramitó el convenio de colaboración por expediente, lo que significa que no existe una aprobación administrativa formal. Esta falta de documentación formal pone en peligro la legalidad de las acciones llevadas a cabo.

Este cúmulo de irregularidades pone en tela de juicio la integridad de los procesos administrativos de la Ciudad. Si bien estos festivales son un referente cultural en Buenos Aires y atraen a miles de personas cada año, es evidente que detrás del espectáculo hay algo más que luces y aplausos. Los porteños merecen eventos de calidad, pero también procesos transparentes y responsables. Mientras tanto, los festivales siguen su curso, y el show continúa. Desde auditoria sugieren que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ajuste sus mecanismos de control y evite que la organización de estos eventos tan significativos se vea empañada por el manejo irregular de los fondos públicos. La cultura y la transparencia deben ir de la mano, y no hay lugar para atajos que comprometan la confianza de los porteños en la administración de sus recursos.