La única política para las familias es el abandono

La AGCBA emitió un informe que revela importantes irregularidades en el programa de "Asistencia a familias de Alta Vulnerabilidad Social". Este programa, que se basa en el subsidio habitacional transitorio conocido como "Subsidio habitacional 690", ha sido objeto de críticas debido a diversas deficiencias en materia presupuestaria, estadísticas y de control interno.
El objetivo formal de este programa es brindar apoyo a las personas y familias en situación de calle, permitiéndoles pagar el alquiler de habitaciones en inquilinatos, conventillos y hoteles. Sin embargo, el informe revela una reiterada sub-ejecución presupuestaria y desvío de fondos, sin conocerse el destino final de los mismos.
Además, se observa un cambio constante dentro de las estructuras organizacionales encargadas del programa, lo que ha llevado a la pérdida de funciones, responsabilidades e información relacionada con la actividad propia del programa. También se han identificado debilidades en el control interno y la ausencia de manuales de procedimiento y protocolos de actuación.
Durante el año 2020, las direcciones encargadas del programa estuvieron vacantes durante largos periodos de tiempo y no se creó el equipo profesional requerido por ley para la evaluación y seguimiento de las familias beneficiarias. Esto impide conocer la situación de los solicitantes del subsidio y evaluar si el programa está obteniendo resultados positivos.
El informe también revela que el 25% de los subsidios habitacionales otorgados en 2020 se tramitaron judicialmente, a través de la interposición de amparos. Esta situación resulta escandalosa, ya que las personas que se encuentran en una situación tan desesperada como el desalojo y la pérdida de vivienda tienen que recurrir a la justicia para acceder a políticas públicas establecidas por ley. 
Se incrementó el monto de la cuota, ascendiendo a $20.313 mensuales o un pago único de $243.756, pero este valor sigue siendo significativamente insuficiente en comparación con los costos reales del alquiler en la ciudad. Una habitación con baño y cocina compartida (cuando se logra encontrar), puede rondar los $70.000 mensuales.
En conclusión, el informe de la AGCBA deja al descubierto irregularidades detectadas en el programa de "Asistencia a familias de Alta Vulnerabilidad Social" evidencian la falta de compromiso y voluntad por parte de las autoridades para resolver esta situación alarmante. La sub-ejecución presupuestaria, el desvío de fondos, la ausencia de seguimiento y evaluación de las familias beneficiarias, así como los montos insuficientes del subsidio habitacional, son claros indicadores de la falta de interés en proporcionar soluciones reales y efectivas.
Mientras tanto, las personas y familias en situación de calle continúan sufriendo las consecuencias de la falta de vivienda adecuada, sin recibir el apoyo necesario para mejorar su situación. A pesar de los discursos y las promesas de integración social, la realidad demuestra que Larreta y Migliore no están dispuestos a tomar medidas concretas y efectivas para abordar esta problemática.
Es fundamental que se implementen políticas públicas integrales, con presupuestos adecuados y un seguimiento constante, que garanticen el derecho a la vivienda de todas las personas en situación de calle. El abandono y la falta de acción por parte de las autoridades no sólo perpetúan la crisis habitacional, sino que también profundizan la desigualdad y la exclusión social en la Ciudad de Buenos Aires.
 
Equipo BA LEAKS.