Boliches clase C(landestinos?)

Pasaron más de dos décadas desde Cromañón. Hubo reformas normativas, cambios institucionales y promesas de que una tragedia así no volvería a repetirse. Sin embargo, un nuevo informe de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires revela que, en la práctica, los controles sobre la nocturnidad siguen mostrando fallas profundas. El foco del relevamiento está puesto en la actuación de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) sobre los boliches bailables clase C, espacios que concentran cada fin de semana a miles de jóvenes.

El informe oficial describe un sistema de fiscalización que llega tarde, actúa de manera fragmentada y presenta serias limitaciones para prevenir situaciones de riesgo. Uno de los problemas centrales es la demora en la respuesta ante denuncias vecinales. Cuando se reportan situaciones como presencia de menores, exceso de capacidad o espectáculos no autorizados, la inspección puede demorar hasta diez días. Para cuando el control se concreta, el evento ya finalizó y la infracción dejó de ser verificable.

La auditoría advierte que este funcionamiento vuelve ineficaz una de las principales herramientas de control ciudadano. Las denuncias, en lugar de permitir una intervención oportuna, terminan operando como un registro tardío de hechos consumados. En un contexto de nocturnidad intensa, esa demora vacía de contenido la función preventiva del Estado.

Las inspecciones programadas tampoco garantizan cobertura total. Durante 2023 se realizaron 209 fiestas de egresados en boliches clase C, pero más del 7% de esos eventos no fue inspeccionado. Esto significa que en esos casos no se verificó el cumplimiento de requisitos básicos, como la presencia obligatoria de adultos responsables ni la prohibición de venta de alcohol a menores. La auditoría señala que la falta de control deja zonas enteras fuera del radar estatal.

Otro punto crítico es la detección de boliches clandestinos o locales que funcionan fuera del rubro habilitado. El informe concluye que los mecanismos para identificarlos son insuficientes y dependen casi exclusivamente de denuncias externas. No existen herramientas proactivas ni sistemas de cruce de información que permitan anticipar o detectar este tipo de irregularidades. En la práctica, un local puede operar durante largos períodos sin habilitación hasta que alguien lo denuncie.

A este escenario se suma un desorden significativo en los registros internos. La base de datos de inspecciones presenta inconsistencias en la carga de rubros, domicilios y clasificaciones. Esta falta de estandarización impide incluso conocer con precisión cuántos boliches clase C existen y cuántos fueron efectivamente controlados. Muchas inspecciones quedan diluidas dentro de una categoría genérica denominada “Espacio y Recreación”, lo que dificulta el seguimiento y la trazabilidad de las actuaciones.

El informe señala que los boliches habilitados reciben, en promedio, una inspección mensual. Sin embargo, esa frecuencia resulta insuficiente si el sistema no logra identificar ni controlar a los locales que operan por fuera de la normativa. La fiscalización termina siendo parcial y desigual: más intensa sobre quienes están en regla, y casi inexistente sobre quienes funcionan en la informalidad.

La auditoría reconoce un avance puntual, como un convenio que permite canalizar denuncias a través de mensajería instantánea, lo que agiliza algunas intervenciones. No obstante, considera que esta medida resulta claramente insuficiente frente a la magnitud de las deficiencias detectadas.

A más de veinte años de Cromañón, el informe vuelve a encender una advertencia conocida: la seguridad en la noche porteña no puede depender de la suerte, de denuncias tardías ni de sistemas desordenados. Mientras los controles sigan siendo débiles y fragmentados, el riesgo persiste, y quienes salen a bailar continúan expuestos a fallas que el Estado ya conoce, pero aún no logra corregir.