Los derechos humanos están pintados

La Ciudad de Buenos Aires asumió compromisos internacionales claros en el marco de la Agenda 2030 de la ONU, entre ellos el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, que busca promover la paz, el acceso a la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Sin embargo, un informe reciente de la auditoría de la Ciudad revela una brecha profunda entre esos compromisos y la gestión real.

El relevamiento oficial, que analizó el ejercicio 2023, identificó fallas estructurales en la planificación, el seguimiento y la producción de información vinculada al ODS 16. Lejos de tratarse de errores aislados, el informe advierte sobre una práctica sostenida de desarticulación institucional que limita la posibilidad de medir avances reales en materia de justicia, transparencia y fortalecimiento democrático.

Uno de los principales hallazgos es la ausencia total de una vinculación expresa entre el presupuesto de la Ciudad y los objetivos de desarrollo sostenible. Esto implica que no existen herramientas claras para saber qué recursos se destinan, cómo se asignan ni qué impacto tienen en relación con las metas internacionales asumidas. Sin presupuesto alineado, el ODS 16 queda reducido a una declaración de intenciones.

A esta debilidad se suma la falta de coordinación con el Consejo de Planeamiento Estratégico en la elaboración de los Reportes Locales Voluntarios, documentos clave para evaluar el cumplimiento de la Agenda 2030 a nivel local. La desconexión entre áreas que deberían trabajar de manera integrada debilita la coherencia de las políticas públicas y afecta la calidad de la información presentada.

El informe también detectó una simplificación de la estructura administrativa encargada de producir y verificar los datos del ODS 16. La eliminación de áreas destinadas a generar información relevante compromete la continuidad y confiabilidad de los indicadores, especialmente en contextos de cambios organizativos dentro del Estado.

Las fallas más preocupantes aparecen en los propios indicadores oficiales. El subíndice de transparencia activa, por ejemplo, figura con un 73% de cumplimiento actualizado a 2021, cuando el dato correcto y actualizado a 2023 es del 67%. Esta diferencia no es menor: se trata de información pública que se utiliza para investigaciones, evaluaciones y discursos institucionales.

Algo similar ocurre con los datos sobre violencia de género. Mientras el reporte muestra cifras correspondientes a 2019, el relevamiento indica que en 2023 los casos ascienden al menos a 232. La falta de actualización distorsiona la dimensión real del problema y debilita las políticas de prevención y abordaje.

También se detectaron inconsistencias en otros indicadores sensibles, como los reclamos ante la Defensoría del Pueblo, cuyos valores difieren entre distintas fuentes oficiales, y la ausencia de registros verificables para algunos indicadores, lo que dificulta su elaboración futura.

La auditoría concluye que estas debilidades limitan seriamente la posibilidad de evaluar el avance del ODS 16 en la Ciudad. Sin datos confiables, sin articulación institucional y sin control interno adecuado, no es posible diseñar políticas públicas eficaces ni rendir cuentas a la ciudadanía.

El informe plantea oportunidades claras de mejora: vincular el presupuesto a los objetivos de desarrollo sostenible, coordinar de manera efectiva entre áreas y garantizar el resguardo y la actualización permanente de los datos. Mientras eso no ocurra, la distancia entre el discurso internacional y la gestión local seguirá ampliándose.