Un informe del Ministerio Público de la Defensa expone la contradicción de la política oficial: mientras crece la población en situación de calle, el Gobierno porteño reduce la cantidad de subsidios y aumenta la persecución penal. Requisas arbitrarias, violencia institucional y un sistema de paradores colapsado.
Vivir y morir en la calle: aumentan las detenciones a personas sin techo mientras se recorta la ayuda social
La criminalización de la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires.
En la Ciudad de Buenos Aires, la respuesta estatal ante el aumento de la pobreza parece haber cambiado de eje: del asistencialismo insuficiente se ha pasado a la criminalización abierta. Un contundente informe elaborado por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) revela que, mientras las cifras de personas en situación de calle se disparan, el Gobierno de la Ciudad ha recortado drásticamente la cobertura de los programas sociales y ha intensificado el uso de la fuerza policial contra este colectivo vulnerable.
La disputa por los números es el primer síntoma de la desatención. Mientras el Gobierno porteño informó en 2023 la existencia de 3.511 personas en situación de calle, el Relevamiento Nacional (ReNaCALLE) contabilizó más del doble: 8.028 personas viviendo a la intemperie o en paradores. Organizaciones sociales como Proyecto 7 estiman que la cifra real podría ascender hoy a 15.000 personas.
Ajuste en la asistencia
A contramano de esta realidad creciente, la ayuda estatal se contrae. El informe del MPD denuncia que el programa "Apoyo para Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional" (ex Decreto 690) redujo su cantidad de beneficiarios en un 60% entre 2021 y 2023. Además, la participación presupuestaria de este programa clave cayó a su mínimo histórico en 2024, representando apenas el 2,32% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Humano.
La respuesta penal: la cárcel como destino
Ante el retiro de la contención social, avanza la coerción. Los datos de la Dirección de Asistencia a las Personas Privadas de su Libertad son alarmantes: las personas en situación de calle representan el 11% del total de detenidos asistidos por la defensa pública, una cifra desproporcionada en relación con su peso demográfico. "La calle es la puerta de entrada a lo que nosotros llamamos las tres C: la calle, la cárcel y el cementerio", resume crudamente el Padre Pedro Cannavó.
El informe documenta un aumento del 128% en los casos de violencia institucional contra personas sin techo en el primer semestre de 2024. Se reportan requisas arbitrarias donde se secuestran elementos de supervivencia básica (frazadas, documentos, medicación) y la utilización de nuevos protocolos de salud mental como excusa para realizar traslados forzosos con intervención policial.
Paradores que expulsan
La alternativa habitacional que ofrece el Estado, los Centros de Inclusión Social (paradores), es rechazada por gran parte de la población debido a las condiciones de violencia, robos y la imposibilidad de ingresar con pertenencias o herramientas de trabajo. "La gente prefiere estar en la calle antes que en los paradores, porque son un desastre", afirman referentes barriales citados en el documento.
La conclusión del organismo de control es severa: la Ciudad incumple sus propias leyes (como la Ley 3706) y opta por una política de "limpieza social" que penaliza la pobreza extrema en lugar de garantizar derechos básicos.
