La Auditoría de la Ciudad detectó graves irregularidades en la gestión del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.
El turismo porteño a la deriva: descontrol en un servicio que pierde calidad
Falta de planificación, controles débiles, asignación deficiente de recursos y modificaciones contractuales poco transparentes marcan la gestión turística de la Ciudad. La auditoría advierte que, lejos de potenciar un sector estratégico, el Estado porteño lo administra sin rumbo.
El turismo es uno de los motores económicos más importantes para la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) reveló que el organismo encargado de promoverlo, que es el Ente de Turismo, presenta fallas estructurales que comprometen su eficiencia, transparencia y capacidad de atraer visitantes.
El relevamiento señala que dentro de la Dirección General de Promoción Turística y sus gerencias operativas no están claramente definidas las funciones y responsabilidades. Esto impide vincular de forma precisa las tareas realizadas con los objetivos planteados y con los productos o resultados obtenidos. La falta de un esquema de planificación ordenado se traduce en acciones dispersas y sin evaluación de impacto.
En el plano presupuestario se detectaron imputaciones erróneas de gastos, ausencia de un anteproyecto de presupuesto que oriente la distribución de los recursos y falta de metodología para establecer metas físicas. Esto último significa que no se puede medir con precisión qué bienes y servicios se generan con el dinero invertido. A esto se suma que el organismo no carga los resultados de la ejecución presupuestaria ni de la producción en los sistemas oficiales, lo que dificulta cualquier seguimiento.
También se encontraron irregularidades en la contratación de servicios. Varios de ellos no figuraban en el Registro Informatizado de Bienes y Servicios (RIBS), y tampoco hubo solicitudes formales para su incorporación, como exige el Manual Operativo. Este incumplimiento se ampara en el uso recurrente de un decreto que flexibiliza la Ley de Compras y Contrataciones, lo que —según la auditoría— se ha convertido en la norma más que en la excepción.
El convenio con la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE) es otro punto cuestionado. Las actividades realizadas en el marco de este acuerdo fueron escasas en relación al volumen de fondos transferidos. Además, las rendiciones aprobadas carecen de un detalle exhaustivo de los recursos utilizados y de los resultados alcanzados.
Uno de los hallazgos más preocupantes está relacionado con el servicio de buses turísticos, un ícono para visitantes nacionales e internacionales. Varias modificaciones contractuales alteraron de manera sustancial las condiciones originales de la licitación, con consecuencias negativas para la calidad del servicio. Estas adendas fueron aprobadas de forma acelerada, justo antes de que venciera la Ley de Emergencia Económica dictada en pandemia, y sin contar con todos los dictámenes técnicos previos requeridos.
La auditoría advierte que este uso discrecional de las facultades no estuvo acompañado de fundamentos técnicos sólidos. Además, se encontraron debilidades en el control de los recursos que las empresas concesionarias deben aportar en concepto de canon por operar el servicio.
En definitiva, el informe concluye que la falta de planificación adecuada, las irregularidades administrativas y la debilidad de los mecanismos de control afectan la transparencia, la legalidad y la eficiencia en el uso de fondos públicos. En un contexto global en el que las ciudades compiten por atraer turistas con estrategias basadas en datos, sostenibilidad y calidad, la gestión porteña parece ir a contramano.
Lejos de consolidar una política turística de Estado, el Ente de Turismo de la Ciudad funciona con un modelo fragmentado, con escasa rendición de cuentas y sin una visión integral que permita aprovechar todo el potencial de un sector clave para la economía local.
