Un informe demoledor de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) expone las graves fallas en la gestión de la obra pública porteña, donde los contratistas obtienen aumentos de precios desmedidos mientras los mecanismos de control brillan por su ausencia. El sistema de redeterminación de costos —clave en un contexto inflacionario— opera con tal opacidad que resulta imposible verificar si los sobreprecios responden a necesidades reales o a maniobras discrecionales.
¿Precios inflados? controles devaluados y fallas en la obra pública
Obra pública en crisis, sobrecostos millonarios y un sistema de controles que colapsa.
Un mecanismo sin reglas claras
El corazón del problema está en el proceso para ajustar los valores de las obras. Según la Auditoría, la Dirección General de Redeterminación de Precios carece de protocolos formales: en lugar de procedimientos escritos, se usan "preguntas frecuentes" publicadas en un sitio web. Esta informalidad abre la puerta a arbitrariedades. Por ejemplo, en el 100% de los expedientes analizados, no hay documentación que acredite si las solicitudes de aumento se presentaron dentro de los plazos legales.
Pero lo más alarmante es el colapso de los controles. El 80% de los trámites omiten el análisis documental obligatorio, y el 86% de las resoluciones de la Subsecretaría de Hacienda no publican sus anexos en el Boletín Oficial. Peor aún: el 13% de las disposiciones ni siquiera figuran en el registro público. "Sin transparencia, no hay forma de saber si estos aumentos son legítimos o un negocio para unos pocos", advierte una fuente cercana al equipo auditor.
Sobrecostos sospechosos y registros "en negro"
Los números son elocuentes. Muchas obras terminan costando más del doble de lo presupuestado, pero no existen herramientas para rastrear el porqué. La Auditoría detectó que las empresas suelen demorar las obras para luego reclamar ajustes por inflación, pero no hay manera de verificar si esos retrasos fueron intencionales.
A esto se suman irregularidades flagrantes: en más de la mitad de los casos, las solicitudes de adecuación fueron ingresadas por personas no autorizadas, violando las normas de la plataforma digital de trámites. Y aunque los aumentos superan los millones, su registro es precario: las "redeterminaciones definitivas" se cargan en planillas Excel, fuera del Sistema de Administración Financiera (SIGAF), donde solo figuran las provisionales. "Es como si llevaran una contabilidad paralela", señala el informe.
Un llamado a la acción
Las consecuencias van más allá del despilfarro. Este sistema opaco erosiona la capacidad del Estado para planificar inversiones en salud, educación o infraestructura, mientras alimenta sospechas de favoritismo. La AGCBA reclama medidas urgentes: protocolos públicos para las redeterminaciones, la publicación íntegra de resoluciones y sanciones para quienes eludieron los controles.
Mientras tanto, una pregunta queda flotando: en un año donde el presupuesto porteño ajusta cada gasto, ¿cómo se permitió que la obra pública operara con esta impunidad?
