En la Ciudad de Buenos Aires, más del 70% de las viviendas sociales no tienen escritura. La falta de regularización dominial deja a miles de familias en la incertidumbre legal.
¿El mundo del revés o la Ciudad de Buenos Aires?
Propietarios sin títulos de propiedad, derechos sin garantías.
Un informe de la Auditoría porteña reveló graves fallas en el proceso de regularización dominial de viviendas adjudicadas por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Hay familias sin título de propiedad y el Estado no garantiza el derecho a la seguridad jurídica sobre el hogar, y a pesar de contar con presupuesto disponible, el IVC sub ejecutó fondos y mantiene vacantes clave sin cubrir desde hace años, pero sin título, no hay casa.
Una vivienda sin papeles es una vivienda sin derechos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más del 74% de las casas adjudicadas a familias en situación de vulnerabilidad no tienen escritura. Así lo reveló un informe de la Auditoría General porteña, que expone profundas irregularidades en el proceso de regularización dominial llevado adelante por el IVC.
La regularización dominial no es un trámite administrativo: es el acto por el cual el Estado reconoce oficialmente que una familia es propietaria de su casa. Sin escritura, no hay posibilidad de acceder a créditos, vender, heredar, ni siquiera vivir con la tranquilidad de que ese techo le pertenece legalmente a quien lo habita. Y en la Ciudad, esa garantía básica está ausente para la mayoría.
El informe auditó la situación de miles de viviendas en distintos barrios populares como Villa 6, Villa 19 (Barrio INTA), Barrio Mugica (ex Villa 31), Ramón Carrillo, Güemes I y II y Rivadavia. Los datos son contundentes: de un total de 6.124 unidades habitacionales que debían estar escrituradas, solo 1.549 lo están y en algunos barrios directamente ninguna vivienda fue escriturada.
Por ejemplo, en Villa 6 las 85 viviendas relevadas carecen de título. En Ramón Carrillo, las 700 unidades también. En el Barrio Mugica, 120. En el conjunto de barrios Güemes, más de 3.000 de las 3.996 no tienen la documentación. Y así, la lista sigue. Familias completas viven en la incertidumbre legal, sin poder ejercer plenamente el derecho a la vivienda.
Otro de los principales problemas detectados es la desorganización interna del IVC. Desde 2019 hay al menos cinco jefaturas de departamento vacantes, entre ellas las que deberían coordinar las tareas de escrituración, registros y regularización financiera. Esto implica una parálisis operativa que ralentiza trámites clave y multiplica errores en los registros.
El informe también advierte sobre la falta de planos de mensura —documentos obligatorios para poder escriturar—, la ausencia de un sistema de geolocalización de las viviendas y la inexistencia de trazabilidad en los trámites. En otras palabras, el Estado no tiene certezas mínimas sobre qué casas están escrituradas, cuáles no y por qué.
Durante el período auditado, el IVC contó con un presupuesto superior a los 11.000 millones de pesos. De ese total solo 75 millones fueron asignados a la actividad de regularización dominial. Y ni siquiera se ejecutaron completos: se realizaron recortes que redujeron la cifra a 49 millones, lo que representa una caída del 60%.
Esa reducción de fondos en una función tan sensible deja en claro que la regularización dominial no es una prioridad para la gestión. Y esa falta de prioridad se traduce en vidas suspendidas, proyectos postergados y derechos sin cumplir.
El informe concluye que las fallas detectadas atentan contra una política pública clave para garantizar el acceso a la vivienda. La Ciudad no solo debe construir casas, debe garantizar que esas casas tengan dueño legalmente reconocido.
