Un informe contundente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) expone graves irregularidades en la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) para la Cuenca Matanza Riachuelo. A pesar de los miles de millones asignados, el avance real es mínimo y la transparencia brilla por su ausencia.
Una deuda sin fin con el Riachuelo
Plan de Saneamiento del Riachuelo: Millones mal asignados y promesas incumplidas
Fondos públicos sin control
El análisis revela que más de $62 mil millones se destinaron a programas no vinculados al saneamiento ambiental, pero fueron registrados como parte del PISA. Esto representa una grave distorsión en la rendición de cuentas. Además, organismos clave como la Corporación Buenos Aires Sur y AUSA no identificaron correctamente en sus presupuestos las acciones específicas para el Riachuelo, lo que imposibilita el seguimiento de los fondos.
La situación empeora al comprobar que la ejecución presupuestaria real del plan apenas alcanzó el 38.47%. Peor aún: este porcentaje incluye partidas que no corresponden a los criterios establecidos por ACUMAR, lo que sugiere que el avance efectivo es aún menor.
Salud y vivienda: dos crisis ignoradas
El Plan Sanitario de Emergencia, una de las líneas estratégicas del PISA, muestra un preocupante incumplimiento. No se realizaron las investigaciones básicas sobre el estado nutricional, desarrollo cognitivo y enfermedades respiratorias en niños menores de 6 años, tal como estaba previsto. Estas acciones son fundamentales para evaluar el impacto de la contaminación en la población más vulnerable.
En materia de vivienda, el panorama es igualmente desolador. Durante el período auditado no se construyó ni una sola vivienda nueva en la cuenca, y solo se entregaron dos soluciones habitacionales de las 1,251 previstas. Esto significa que el 56% de las familias que deberían haber sido relocalizadas siguen viviendo en zonas de alto riesgo ambiental.
Una deuda histórica que crece
El informe destaca que no se cumplieron los aportes al Fondo de Compensación Ambiental establecido por ley. Los créditos para gastos de capital se redujeron a cero, mientras los gastos corrientes sufrieron un recorte del 75%. Estas decisiones presupuestarias reflejan una alarmante falta de prioridad hacia el saneamiento.
A esto se suman las constantes modificaciones en la estructura organizativa, que generan discontinuidad en las responsabilidades. Además, existen inconsistencias graves entre la información que proporcionan los organismos locales y ACUMAR, lo que dificulta aún más la auditoría y el control ciudadano.
Quince años después, más de lo mismo: A más de una década de la sentencia que ordenó el saneamiento, los avances son insignificantes. La contaminación sigue afectando a miles de familias, mientras los fondos públicos se diluyen en programas no relacionados.
El informe deja en claro que no se trata de falta de recursos, sino de voluntad política. Mientras tanto, el Riachuelo y quienes viven en sus márgenes siguen esperando soluciones concretas.
