Millonarios gastos en educación: discrecionalidad, contrataciones exprés y falta de controles en el Ministerio porteño
La “caja” de la ciudad plagada de irregularidades
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires comprometió más de 34.000 millones de pesos en contrataciones a través de resoluciones y disposiciones que presentan mecanismos opacos, adjudicaciones directas, licitaciones exprés y escasa información pública. Las decisiones involucran desde obras escolares hasta desarrollos tecnológicos y subsidios a la educación privada, sin que existan instancias de control ni participación ciudadana.
Uno de los casos más llamativos es la Resolución N.º 328/SSGEFYAR/24, mediante la cual se prorrogó e incrementó la contratación de transporte escolar con 18 empresas por $1.670 millones, a pesar de que la licitación original ya había sido prorrogada previamente. La medida se tomó de manera directa, sin nuevo llamado a licitación ni informe técnico que justificara la conveniencia de las prórrogas acumuladas. No se detalla si se evaluó el desempeño de los contratistas previos ni si se consideraron nuevas ofertas que pudieran garantizar un servicio más eficiente o con mejores condiciones económicas.
También se destaca la Resolución N.º 7192-1074-CDI24, que adjudicó de forma directa un contrato por $1.764 millones a la empresa Novatech Solutions S.A., en acuerdo con Dinmax Consulting S.R.L., para brindar soporte técnico y desarrollar nuevos módulos en el sistema “miEscuela”. El expediente carece de estudios comparativos de costos y no se explicita con claridad cuál será el alcance ni el impacto del desarrollo encargado. Según la resolución, la contratación se realizó por "conveniencia para el Gobierno de la Ciudad", lo que deja claro que este gasto no fue en favor de cualquier habitante de la Ciudad.
En el ámbito de las obras escolares, se registra un patrón de licitaciones abreviadas con escasa difusión y tiempos limitados. Por ejemplo, la Disposición N.º 357/DGAR/24 adjudicó una obra nueva para la Escuela Técnica N.º 6 “Fernando Fader” por $1.698 millones mediante una licitación publicada por un solo día. En el mismo sentido, se aprobó una obra en dos escuelas de la Comuna 12 por $2.222 millones y otra en la Escuela Común N.º 28 de la Comuna 4 por $1.641 millones, ambas con presupuestos millonarios y sin garantías de planificación participativa ni auditoría pública.
Por otro lado, el Gobierno porteño transfirió más de $22.500 millones a escuelas privadas en concepto de subsidios, a través de mecanismos automáticos y sin controles detallados. La discrecionalidad en la asignación de recursos también se observa en la preadjudicación de una contratación directa a la firma Espin-Labs S.R.L. por $2.700 millones, para una plataforma tecnológica de evaluación educativa, sin competencia ni precisiones sobre su implementación.
En paralelo, se detectó una contratación por $1.897 millones para el desarrollo de una nueva infraestructura escolar mediante una licitación exprés; y otra por $1.764 millones para consultoría tecnológica, ambas sin procesos que garanticen igualdad de oportunidades ni evaluación pública.
En total, los gastos superan los $34.000 millones. La falta de transparencia atraviesa todas las decisiones: se omite la publicación completa de los expedientes, se evita la competencia abierta en contrataciones clave y no se contemplan instancias de evaluación externa. El patrón repetido es alarmante: un Ministerio que distribuye recursos públicos millonarios sin rendir cuentas ni respetar principios básicos de publicidad y control ciudadano.
