El GCBA prorroga el servicio de múltiples empresas sin justificaciones claras o muestras de transparencia.
La práctica de la irregularidad
El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prorrogó por seis meses contratos de transporte escolar que fueron adjudicados en 2022 y, además, autorizó una suba del 78% en sus montos. La medida quedó formalizada mediante la Resolución N.º 328/SSGEFYAR/24 y alcanza a 18 empresas prestadoras del servicio. El gasto total aprobado supera los $4.573 millones, que se financiarán con partidas del presupuesto vigente
El argumento oficial para justificar la decisión es garantizar la continuidad del servicio hasta tanto se concrete una nueva licitación. Sin embargo, en la resolución no se brinda información sobre el estado actual de ese proceso, ni se establecen plazos concretos para su finalización. Esta omisión se suma a una práctica que se ha vuelto recurrente en la administración porteña: la prórroga sistemática de contratos sin nuevos concursos públicos.
Aunque el Pliego de Bases y Condiciones original preveía la posibilidad de extender los contratos por hasta un año, esta es la segunda prórroga consecutiva. De esta manera, los contratos firmados en 2022 siguieron vigentes en 2024, sin que se haya convocado a una nueva licitación. Esta situación atenta contra los principios de transparencia, concurrencia y competencia que deben regir toda contratación pública.
Uno de los aspectos más críticos de la resolución es la ausencia total de información sobre cómo se definieron los nuevos montos. No se detalla si se realizó un análisis de precios de mercado ni si se evaluaron otras alternativas. Tampoco se presentan informes técnicos que respalden la necesidad del aumento del 78,01% o que acrediten el cumplimiento de las empresas beneficiadas durante el período anterior.
Además, el acto administrativo no incluye una evaluación sobre la calidad del servicio prestado ni menciona si se aplicaron penalidades o sanciones a las firmas contratadas. Esta falta de controles abre la puerta a posibles irregularidades en el uso de fondos públicos y debilita los mecanismos de rendición de cuentas.
A pesar de que la resolución enumera con precisión las partidas presupuestarias afectadas, no cuantifica el impacto global de la medida en el programa de transporte escolar. En lugar de ofrecer mayor claridad, esta fragmentación de la información dificulta el seguimiento del gasto y refuerza el carácter opaco del procedimiento.
En plena crisis económica y con los recursos públicos bajo la lupa, la prórroga de contratos sin licitación y con fuertes aumentos de monto genera preocupación. Lejos de mejorar sus prácticas, la gestión porteña consolida un sistema opaco, donde las reglas del juego parecen hechas a medida de unos pocos. Las decisiones adoptadas por el Gobierno porteño en este caso no solo comprometen la transparencia, sino que consolidan un modelo de gestión basado en la excepción más que en la regla.
