El GCBA hace un desembolso millonario sin controles y con falta de información detallada sobre su eficiencia y condiciones económicas
PROrrogando la falta de transparencia
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prorrogó la licitación del servicio de transporte escolar por un monto superior a los $1.670 millones, destinados a garantizar el traslado de alumnos, docentes y personal no docente en diversas actividades educativas. No obstante, la contratación despierta serias sospechas sobre la transparencia del proceso y la posible discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.
Según el Boletín Oficial, la prórroga de la Licitación Pública N° 7192-1051-LPU23 extiende por 192 días hábiles los contratos con varias empresas y personas físicas, quienes prestarán el servicio en programas como Actividades Extra Programáticas, Plan Natación, Actividades de Educación Física y Campamentos Escolares. Entre los adjudicatarios se encuentran Eduardo Horacio Guarino, Gabriela Isabel González Sureda, Turismo La Delfina S.R.L., Manuel González Sureda, Flavia Rosana Contartesi, Hugo Roberto Pagnone, Claudio Fernando Gullifa, Via Grande S.R.L. y Daiana Jesica Farias.
Uno de los principales cuestionamientos radica en la falta de información sobre el procedimiento que llevó a la prórroga. No se detalla si se evaluó el desempeño de los contratistas previos ni si se consideraron nuevas ofertas que pudieran garantizar un servicio más eficiente o con mejores condiciones económicas. La falta de una explicación clara sobre los criterios de prórroga y selección de contratistas refuerza las sospechas de discrecionalidad y posible favoritismo en la asignación de estos contratos.
Además, llama la atención la inclusión de personas físicas como adjudicatarias de órdenes de compra millonarias, sin que se indiquen antecedentes específicos en la prestación de este tipo de servicio. En otros casos, empresas como Turismo La Delfina S.R.L. y Via Grande S.R.L. recibieron montos significativamente distintos sin un desglose que explique las diferencias en la distribución del presupuesto.
Otro punto a considerar es el impacto presupuestario. La prórroga implica un desembolso de más de $1.670 millones en transporte escolar, un gasto considerable dentro del presupuesto educativo que, sin un análisis de costos detallado, deja abierta la posibilidad de sobreprecios o asignaciones desproporcionadas en comparación con otras necesidades del sistema educativo porteño.
Finalmente, el proceso de adjudicación no menciona mecanismos de control o auditorías durante la ejecución del servicio, lo que dificulta el seguimiento del cumplimiento de los contratos y el correcto uso de los fondos públicos. En un contexto donde la Auditoría General de la Ciudad ha señalado falencias en la supervisión de contrataciones educativas en años anteriores, la falta de transparencia en esta prórroga es un síntoma preocupante de un manejo discrecional de los recursos públicos. Sin criterios claros ni justificaciones suficientes, la administración porteña vuelve a quedar bajo la sombra de la sospecha en la gestión del presupuesto educativo.
