El GCBA contrata por una suma millonaria a una empresa de tecnología sin licitación
Otro gasto para la foto
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Resolución N.º 7192-1074-CDI24, mediante la cual adjudicó de manera directa un contrato por $1.764 millones a la empresa Novatech Solutions S.A., en acuerdo de colaboración con Dinmax Consulting S.R.L. El objetivo declarado es la provisión de soporte técnico y consultoría para el desarrollo e implementación de nuevos módulos en el sistema “miEscuela”, utilizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad. Sin embargo, la decisión ha generado cuestionamientos debido a la falta de competencia en la adjudicación y la escasa transparencia en la utilización de los fondos.
Uno de los principales puntos de crítica es la reiterada contratación de Novatech Solutions S.A., que ha sido favorecida en numerosas adjudicaciones similares sin que se garantice una verdadera competencia en el proceso de selección. La falta de una compulsa real de precios genera dudas sobre si el monto adjudicado es el más adecuado para los fondos públicos y si se consideraron alternativas más eficientes. Además, la resolución no detalla los criterios técnicos que justifican la elección de esta empresa frente a otras posibles proveedoras, lo que refuerza la sospecha de un mercado restringido donde la competencia queda relegada, limitando así la posibilidad de obtener mejores condiciones para el servicio contratado.
A esto se suma la falta de información sobre el impacto concreto de estos servicios en la mejora del sistema “miEscuela”. No se especifican indicadores de rendimiento, ni mecanismos de control que permitan evaluar la efectividad del gasto. La asignación de estos fondos sin garantías de resultados hace que nos preguntemos sobre la prioridad que el Gobierno porteño otorga a sus inversiones en tecnología educativa ya que afectan a diversos sectores educativos, aún más en un escenario de ajuste presupuestario.
También preocupa el mecanismo de contratación directa bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, lo que implica que los pagos se realizarán según las solicitudes de provisión sin un compromiso inmediato del gasto total. Si bien esta metodología permite mayor flexibilidad en la ejecución del presupuesto, también abre la puerta a una menor fiscalización de los desembolsos y a una eventual subejecución que podría afectar la prestación del servicio.
El texto de la resolución tampoco detalla el plazo de implementación de las mejoras ni establece sanciones claras en caso de incumplimiento. Hacen surgir dudas sobre la capacidad de fiscalización del Estado y deja abierta la posibilidad de demoras o incumplimientos sin consecuencias para la empresa adjudicataria.
En un contexto donde las instituciones educativas enfrentan carencias estructurales, la decisión de destinar casi $1.800 millones a una contratación directa sin garantías claras de eficiencia y transparencia refuerza las críticas hacia el manejo del presupuesto educativo en la Ciudad. La falta de detalles sobre el destino específico de los fondos y la ausencia de controles efectivos profundizan la preocupación sobre las prioridades del gobierno porteño en materia de inversión pública. No se trata de gastar mucha plata para que se hable de la inversión, sino de que la inversión sea eficaz y destinada al sector más vulnerable.
