Controversia por millonaria transferencia al Instituto Universitario de Seguridad
En la Ciudad solo se puede aprender “seguridad”
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la transferencia de $969.513.507 al Instituto Universitario de Seguridad (IUSE), según la Resolución N.º 362/ISSP/24 publicada en el Boletín Oficial. Los fondos provienen del presupuesto del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) y tienen como objetivo financiar las actividades académicas de la institución. Sin embargo, la decisión ha generado cuestionamientos sobre la distribución de recursos y la falta de transparencia en su ejecución
Uno de los principales puntos de crítica es que esta suma millonaria se destina exclusivamente al IUSE, sin que se informe sobre las necesidades de financiamiento de otras áreas educativas. En un contexto donde la educación pública enfrenta graves limitaciones presupuestarias, el Gobierno de la Ciudad prioriza el financiamiento de un instituto de formación en seguridad, lo que refuerza la percepción de que su prioridad está en el control y la vigilancia antes que en el fortalecimiento del sistema educativo en su conjunto. La Ley N° 5.689 establece que el Poder Ejecutivo debe garantizar el financiamiento del instituto, pero no se detalla por qué se opta por esta inversión en lugar de destinar fondos a otros sectores con necesidades urgentes dentro del ISSP o incluso en el sistema educativo en general.
Además, el texto de la resolución no brinda información detallada sobre cómo se utilizarán los casi $970 millones transferidos. No se especifican programas, proyectos o mejoras concretas que se llevarán a cabo con estos fondos, lo que deja dudas sobre su distribución y efectividad en el fortalecimiento de la formación en seguridad.
Otro aspecto que genera preocupación es la falta de mecanismos claros de control sobre la ejecución de estos recursos. La normativa menciona que el gasto será imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio 2024, pero no se incluyen detalles sobre auditorías, seguimientos o evaluaciones que permitan fiscalizar su uso y garantizar que la inversión tenga el impacto esperado.
Esta transferencia se enmarca en un contexto en el que diversas áreas del sistema de seguridad y educación de la Ciudad enfrentan limitaciones presupuestarias. Mientras tanto, el Gobierno porteño sigue destinando recursos a iniciativas específicas sin ofrecer explicaciones claras sobre las prioridades de inversión.
El destino final de estos fondos y su impacto en la mejora de la formación en seguridad pública sigue siendo una incógnita, alimentando el debate sobre la planificación y la transparencia en el manejo del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires.
