Polémica por millonaria compra de equipamiento antidisturbios: cuestionamientos a las prioridades del GCBA
El Gobierno de la Ciudad preparado para reprimir
A través de la Resolución N.º 242/SSGA/24, publicada recientemente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llamó a Licitación Pública Nº 3202-1260-LPU24 para adquirir equipamiento antidisturbios destinado a la Policía de la Ciudad. La medida, enmarcada en una inversión de más de $2.111 millones, ha generado polémica debido a las prioridades presupuestarias y la falta de justificación técnica detallada.
Uno de los aspectos más cuestionados es la justificación de esta adquisición. La Dirección General Logística y Flota (DGLF) afirmó que el equipamiento es “imprescindible” para que las divisiones policiales cumplan con sus funciones. Sin embargo, no se incluyeron estadísticas sobre incidentes que hayan requerido el uso de este equipamiento ni un análisis de las condiciones operativas actuales que respalden la necesidad de la compra. Esta carencia de fundamentación técnica y estratégica siembra dudas sobre la urgencia de la medida.
El presupuesto asignado, que asciende a $2.111.850.000, ha sido otro eje de críticas. Este monto, distribuido en diversos renglones y proyectado para un período de 24 meses, se realiza en un contexto donde áreas como salud, educación y vivienda enfrentan serias deficiencias. La decisión de destinar recursos millonarios a equipamiento policial ha sido calificada como una falta de sensibilidad hacia las demandas más urgentes de los porteños. Y se suma a la lista de gastos millonarios e injustificados que realiza esta gestión del GCBA
Otro punto conflictivo es la complejidad del marco normativo y administrativo involucrado en el proceso. La resolución incluye la intervención de múltiples organismos y normativas, lo que podría dificultar la fiscalización ciudadana y aumentar los riesgos de irregularidades. Además, la falta de mecanismos claros para garantizar la publicidad y el acceso a la información durante todo el procedimiento agrava esta situación. Esto no solo dificulta el control ciudadano, sino que también abre la puerta a potenciales discrecionalidades en la asignación y uso de los recursos, perpetuando una práctica que ha sido objeto de críticas en gestiones anteriores.
La modalidad de Orden de Compra Abierta también presenta riesgos significativos de sobrecostos. Este sistema, que permite ajustes según las necesidades, carece de términos específicos para la redeterminación de precios, lo que podría resultar en un incremento considerable del gasto final. Esta situación aumenta la incertidumbre sobre el impacto real en las finanzas públicas.
La aprobación de esta compra ha reavivado el debate sobre las prioridades del Gobierno de la Ciudad. Los problemas estructurales que afectan a miles de ciudadanos, como la crisis en salud, educación y vivienda, contrastan con la decisión de destinar recursos millonarios al fortalecimiento de capacidades policiales. Esta medida subraya las falencias de una gestión que, en lugar de atender problemas estructurales como la falta de inversión en salud, educación y vivienda, destina recursos a priorizar el control social por sobre las demandas sociales más urgentes.
