Publicación del boletín oficial revela serias deficiencias en el uso de recursos públicos destinados a la expansión de estructura de backup.
Un backup tardío y enturbiado
La Resolución N.º 171/ASINF/24, publicada por la Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad de Buenos Aires, dio lugar a la licitación para la ampliación del sistema de respaldo de los Centros de Datos de Uspallata e Independencia. Si bien el objetivo del proyecto era reforzar la capacidad tecnológica y garantizar la continuidad operativa, su implementación ha expuesto graves problemas que revelan fallas en la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).
La falta de planificación a largo plazo es una de las críticas más contundentes hacia la gestión. Según los documentos oficiales, la infraestructura de respaldo alcanzó su límite operativo debido al incremento de información generada y nuevas aplicaciones, un crecimiento que era previsible. Sin embargo, el GCBA no tomó medidas oportunas para anticipar esta necesidad, lo que derivó en la urgencia de realizar una ampliación apenas dos años después de adquirir los sistemas originales. Este descuido en la planificación ha generado no solo un sobrecosto significativo, sino también riesgos operativos para los servicios públicos que dependen de estos centros de datos.
Otro punto crítico es el diseño del proceso de contratación. La licitación, que ya se concretó, establecía requisitos técnicos específicos que, en la práctica, limitaron la competencia y favorecieron a un único proveedor, la tecnología EXAGRID. Aunque esta plataforma tiene ventajas técnicas, la decisión de optar exclusivamente por ella genera cuestionamientos sobre la falta de diversificación en las opciones y la posibilidad de explorar alternativas más económicas y eficientes. Este enfoque no solo compromete la flexibilidad tecnológica a futuro, sino que también pone en duda el compromiso del GCBA con principios de competencia y transparencia.
El presupuesto asignado a este proyecto, de USD 2.850.000, ha levantado preocupaciones adicionales. En un contexto en el que áreas clave como la salud, la educación y la vivienda enfrentan problemas crónicos, el uso de fondos públicos para una ampliación tecnológica que pudo haberse evitado con una mejor planificación refleja un manejo ineficiente de los recursos. A esto se suma que no se brindaron explicaciones claras sobre por qué se eligieron ciertas soluciones ni se publicaron evaluaciones comparativas que respalden la decisión tomada.
La falta de transparencia también es evidente en otros aspectos del proceso. Aunque se cumplió con los requisitos legales de publicación en el Boletín Oficial y en el portal Buenos Aires Compras, la especificidad de los pliegos y la concentración de la oferta en un solo proveedor refuerzan la percepción de que la licitación no fomentó una competencia real. Esta situación agrava las sospechas sobre la existencia de favoritismos en la gestión de los recursos públicos.
Por último, la ausencia de participación ciudadana en decisiones de esta magnitud subraya otro puto frustrante de la gestión. La resolución no contempla la consulta a expertos independientes ni abre espacio para el debate público sobre la necesidad y el impacto de esta inversión. Este enfoque no solo excluye a la ciudadanía de decisiones que afectan la gestión de la información pública, sino que también erosiona la confianza en las instituciones.
La concreción de esta licitación revela problemas estructurales en la gestión del GCBA: planificación deficiente, opacidad en el uso de recursos y una marcada desconexión con la ciudadanía. Estas falencias, lejos de ser incidentales, exigen que se cambien los métodos establecidos en las tomas de decisiones que afectan a la infraestructura crítica de la Ciudad.
