A través de una licitación el GCBA hace un millonario gasto en grúas de acarreo que despierta dudas respecto a las prioridades de la gestión
El GCBA acarrea una licitación millonaria
Según la Resolución N.º 172/SSGA/24 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una nueva licitación por más de 1.600 millones de pesos para la contratación de servicios de acarreo de vehículos mediante grúas. Este proyecto, destinado a la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Atención a la Víctima, busca operar bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta por un período de 24 meses. Sin embargo, la resolución plantea varias cuestiones que ponen en duda la transparencia y la necesidad de este gasto público, evidenciando problemas de gestión que merecen ser analizados.
Uno de los puntos más preocupantes es la insuficiencia de justificaciones que sustenten la necesidad de este gasto millonario. Aunque se menciona que la contratación responde a requerimientos previos, las notas e informes que respaldan esta decisión no ofrecen datos concretos sobre el volumen actual de trabajo de las grúas, ni sobre cómo su servicio ha contribuido a resolver problemas específicos en la Ciudad. Tampoco se presentan análisis recientes de indicadores como la cantidad de vehículos acarreados, la frecuencia de uso del servicio o las zonas más afectadas. Esta falta de información hace difícil determinar si el gasto está acorde con las demandas actuales o si podría optimizarse. Además, el carácter abierto de la orden de compra, que permite ajustarse a la demanda, no se traduce en un plan concreto que defina límites claros para el gasto o una estimación realista del impacto esperado.
A esto se suma la ausencia de garantías suficientes para asegurar el cumplimiento del contrato. La Dirección General de Compras y Contrataciones había evaluado incluir penalidades adicionales para los adjudicatarios en caso de incumplimientos, como la rescisión contractual inmediata. Sin embargo, estas medidas no se incorporaron al texto final del pliego. Al quedar sujetas únicamente al marco normativo general, las sanciones previstas podrían resultar insuficientes para abordar situaciones críticas, dejando al gobierno y a los ciudadanos en una posición vulnerable ante posibles irregularidades o deficiencias en la prestación del servicio.
Otro aspecto central es la falta de transparencia en la planificación y comunicación hacia la ciudadanía. En ningún momento se promovió un debate público para justificar un gasto de esta magnitud ni se informaron las proyecciones del impacto que el servicio tendría en la movilidad y la seguridad vial. La decisión de adjudicar este contrato a puertas cerradas, sin consultar ni explicar detalladamente los beneficios esperados, refuerza la percepción de opacidad que ha caracterizado a otras decisiones del Gobierno de la Ciudad en materia de contrataciones públicas.
Finalmente, el contexto de la contratación también despierta sospechas. La licitación reemplaza un contrato previo que había sido dado de baja el año pasado, sin que se aclararan públicamente las razones de su cancelación. Esta cadena de decisiones, sumada a la falta de controles más estrictos y de comunicación clara, evidencia problemas recurrentes de gestión en el manejo de los recursos porteños.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no solo debe responder por la necesidad y eficiencia de este gasto, sino también garantizar que los procesos de contratación sean transparentes y estén alineados con los intereses de los contribuyentes. Sin estas condiciones, la licitación aprobada bajo la Resolución N.º 172/SSGA/24 se convierte en un ejemplo más de una administración que parece priorizar los gastos sin rendir cuentas claras a la ciudadanía.
