Una millonaria licitación de tecnología en la mira por falta de transparencia y prioridades cuestionables
¿Quién vigila al vigilante? Otra licitación sin datos y millones gastados.
El Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires publicó recientemente la Resolución N.º 650/MSEGC/24, que aprueba una licitación pública para la adquisición de puntos de captura de video, hardware y software con un presupuesto estimado en más de 9 millones de dólares y 12 millones de pesos. Este gasto, destinado a reforzar el sistema de videovigilancia como parte del plan integral de seguridad pública, plantea serios interrogantes sobre la transparencia del proceso y la pertinencia de esta inversión frente a otras necesidades urgentes.
Entre los principales problemas detectados, destaca la falta de un análisis detallado que justifique los elevados montos asignados. Aunque se menciona la necesidad "extrema" de los equipos por parte de la Dirección General de Activos Digitales, Tecnología e Informática (DGADTI), no se presentan estudios que demuestren cómo se definieron los valores estimados ni su competitividad en el mercado. Además, el contrato se extiende por 24 meses o hasta agotar prestaciones, pero tampoco se explica por qué este plazo es adecuado ni cómo se garantizará la eficiencia del gasto en un contexto económico crítico.
Otro punto crítico es la delegación de decisiones clave en solo dos subsecretarías, limitando la supervisión del proceso. La falta de penalidades específicas adicionales al Régimen General también podría generar dificultades para sancionar incumplimientos en un contrato de esta magnitud y complejidad. Asimismo, aunque la contratación se canaliza a través del portal "Buenos Aires Compras", no se detalla cómo se garantizará el acceso público a la información y la competencia entre proveedores, lo que deja espacio para potenciales direccionamientos.
El presupuesto total, equivalente a más de 7.900 millones de pesos, contrasta con las crecientes demandas sociales en áreas como salud, educación y vivienda. En este sentido, la resolución pone nuevamente en el centro del debate las prioridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dirige esta millonaria inversión a un área que, si bien relevante, no necesariamente refleja las necesidades más urgentes de la población.
Organismos de control externo no son mencionados en la resolución, lo que limita la posibilidad de auditar el proceso de manera independiente. Sin una supervisión adecuada, este tipo de contrataciones multimillonarias corre el riesgo de alimentar dudas sobre su transparencia y eficacia.
La resolución refleja una vez más el manejo financiero del Gobierno de la Ciudad, caracterizado por la falta de garantías claras respecto a que estas inversiones multimillonarias respondan a criterios de urgencia, impacto social o eficiencia presupuestaria. Frente a un gasto de esta magnitud, la ausencia de transparencia y de controles estrictos evidencia serias deficiencias en la administración de los recursos públicos.
