Problemas en la asignación de fondos para el control de estacionamiento en CABA a cargo de una empresa de Subterráneos
Fondos, subte y confusión
Una reciente resolución del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), publicada en el Boletín Oficial bajo el número 346/MIGC/24, revela serias inconsistencias en la asignación de fondos públicos. La medida autoriza la transferencia de $1.155 millones a Subterráneos de Buenos Aires S.E., con el objetivo de cubrir los sueldos del personal afectado al control y sanción del estacionamiento indebido en el micro y macrocentro de la ciudad. Sin embargo, la resolución expone problemas estructurales y de gestión que recaen directamente sobre el gobierno de la Ciudad.
El uso de fondos destinados a una empresa de transporte subterráneo para tareas de control de estacionamiento resulta, en primera instancia, contradictorio. Si bien el control del estacionamiento indebido es una necesidad de orden urbano, la elección de Subterráneos de Buenos Aires como organismo responsable despierta interrogantes sobre la correcta asignación de responsabilidades. Esta decisión parece desviar la misión original de la empresa, centrada en la administración del transporte subterráneo, y genera dudas sobre la claridad en la organización de funciones dentro del GCBA.
Otro aspecto que preocupa es el monto asignado. La cifra de $1.155 millones exclusivamente para salarios plantea serios cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de recursos públicos. En un contexto de limitaciones presupuestarias, resulta difícil justificar un gasto tan elevado para el control de estacionamiento en una zona delimitada de la ciudad. Además, la falta de un desglose detallado en la resolución sobre el destino específico de estos fondos impide evaluar si la cifra asignada es proporcional al personal y las horas de trabajo realmente necesarias, dejando a la ciudadanía sin acceso a información clave para juzgar la razonabilidad de este gasto.
Finalmente, y no menos importante, la resolución carece de un mecanismo de control y auditoría específico. Aunque menciona que la Dirección General de Contaduría debe “adoptar recaudos”, no establece una estructura detallada de supervisión que garantice que estos fondos se destinen al fin para el cual fueron aprobados. Esto representa una vulnerabilidad en la administración de los recursos, generando un contexto donde el riesgo de desvíos o mal uso de fondos públicos es latente.
La publicación de la resolución 346/MIGC/24 en el Boletín Oficial deja en evidencia falencias de fondo en la gestión de recursos del GCBA, lo que subraya la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.
