Renovación de licencias de Microsoft por una millonaria suma plantea dudas en la transparencia y la eficiencia de la gestión del GCBA
Millonario gasto en software sin licitación
Según consta en la Resolución N.º 140/ASINF/24 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó recientemente una contratación directa por USD 8,1 millones para la renovación de licencias de Microsoft para el período 2024-2027. Esta millonaria decisión ha despertado críticas por la falta de transparencia y ha puesto en el foco la gestión de compras del gobierno porteño, que enfrenta cuestionamientos sobre el uso eficiente de los recursos públicos en un contexto de recortes y restricciones presupuestarias.
La adjudicación, que recae sobre la empresa MSLI LATAM, Inc. se realizó mediante una contratación directa sin licitación pública, bajo el argumento de exclusividad en la oferta de productos Microsoft. Amparándose en la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones y sus modificatorias, la administración utilizó una disposición legal que permite contrataciones directas con proveedores únicos. No obstante, la magnitud de la erogación en dólares y la falta de competencia en el proceso han generado inquietud sobre la conveniencia y transparencia de esta decisión.
La Comisión de Evaluación de Ofertas declaró la propuesta de MSLI LATAM, Inc. como la más conveniente para la administración, pero en el expediente oficial no se explicitan los criterios específicos en los que se basó esta evaluación. Esta falta de detalle abre interrogantes sobre el análisis del proceso y las condiciones bajo las cuales se determinó que la oferta era favorable. Evitar una licitación abierta limita la posibilidad de obtener mejores precios y condiciones, lo que, en el contexto de una economía ajustada, resulta una práctica cuestionable.
Aunque la legislación permite la exclusividad en ciertos casos, el Gobierno porteño no ha ofrecido argumentos adicionales sobre por qué no se contemplaron alternativas, como el uso de software de código abierto o la búsqueda de licencias en condiciones más accesibles. En un momento de serios desafíos económicos, comprometer más de 8 millones de dólares en una contratación directa despierta críticas sobre la administración de los fondos públicos y la ausencia de exploración de otras opciones que podrían resultar más rentables.
La contratación directa de licencias por un valor tan elevado plantea riesgos significativos de dependencia tecnológica hacia un solo proveedor. Al comprometerse con una empresa sin considerar opciones alternativas, el Gobierno de la Ciudad se expone a una dependencia a largo plazo que podría limitar la flexibilidad y adaptabilidad de sus sistemas tecnológicos en el futuro.
La controversia en torno a esta millonaria compra ha generado dudas sobre la gestión actual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su enfoque en las contrataciones públicas. En un contexto de restricciones económicas, el uso eficiente y transparente de los recursos públicos se vuelve prioritario. La decisión de optar por una contratación directa sin competencia abierta en este caso puede ser vista como una medida cuestionable, que ameritaría explicaciones adicionales para evitar la percepción de manejos discrecionales.
